El coordinador de la Defensoría del Pueblo en el Chaco manifestó su preocupación por las dificultades que enfrentan las personas de comunidades alejadas como Crevaux y D’Orbigny para acceder a la justicia y a los servicios del Estado.
Explicó que las víctimas deben recorrer aproximadamente entre 90 y 95 kilómetros para llegar a denunciar, además de asumir gastos económicos, como el transporte que puede llegar a costar 70 bolivianos por pasaje. «Lo que nos preocupa es la ausencia estatal en esas comunidades, lastimosamente no hay puesto policial que siente presencia estatal ahí», afirmó.
También indicó que dirigentes comunales, como la OTB y el corregidor, expresaron anteriormente su preocupación por el consumo de bebidas alcohólicas e incluso de sustancias controladas en la zona, debido a la falta de supervisión permanente. Portillo recordó que en varias oportunidades se solicitó al Comando de Frontera Policial la instalación de un puesto policial, pero se informó que no se concretó por falta de personal.
Ante esta situación, señaló que se busca coordinar acciones integrales con instituciones, Policía, FELCV y autoridades indígenas para realizar atenciones en las propias comunidades. «Tenemos que salir un poco de nuestros escritorios y llegar a las comunidades, llegar a las mujeres y a los lugares donde más necesitan la atención», concluyó.
Mujer indígena Weenhayek sufrió agresiones físicas por parte de su pareja y no hay asistencia para la víctima
Una mujer perteneciente al pueblo indígena originario campesino Weenhayek, de aproximadamente 29 a 30 años de edad, denunció haber sido víctima de agresiones físicas en reiteradas ocasiones por parte de su pareja en la comunidad de Crevaux, municipio de Yacuiba. El caso fue dado a conocer por Walter Portillo, coordinador de la Defensoría del Pueblo en el Chaco, quien informó que la atención se realizó por instrucción del defensor del Pueblo, doctor Pedro Calisaya, mediante la coordinación con diferentes instituciones para brindar asistencia a la víctima. La mujer tuvo que trasladarse desde su comunidad junto a familiares para poder sentar la denuncia, debido a la distancia y las dificultades de acceso.
Según la información proporcionada, la víctima señaló que sufría agresiones de manera permanente y que en uno de los hechos habría sido encerrada en un cuarto por su pareja. En el marco del proceso, se realizó la Cámara Gesell, considerada una herramienta importante para la recolección de pruebas en este tipo de delitos, además del certificado médico forense correspondiente.
Portillo explicó que la Defensoría del Pueblo coordinó acciones con la Secretaría de Igualdad de Oportunidades y Género, a cargo de la licenciada María Ester Torrez, además de la EPI-4 y otras instituciones vinculadas a la atención del caso. «Nosotros coordinamos con las diferentes instituciones los casos que se presenten. En este caso se ha coordinado con la Secretaría de Igualdad de Oportunidades, con la EPI-4 para la atención de un caso delicado de una mujer que pertenece al pueblo indígena originario campesino Weenhayek», manifestó.
Sobre la situación del presunto agresor, indicó que se están desarrollando las investigaciones correspondientes y pidió esperar el trabajo de las autoridades competentes. «No queremos entorpecer las investigaciones, están haciendo su trabajo. Nosotros le hemos pedido como Defensoría del Pueblo a la Policía y a las demás instituciones que se les dé celeridad y que se proceda como corresponde con lo que establece nuestra normativa», señaló. La autoridad también confirmó que la mujer tiene un hijo y que actualmente se encuentra junto a sus familiares, sin convivir con su esposo.
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